Calderón presenta una ley que recompensará a quienes denuncien a corruptos
0 02 de marzo de 2011
México, 2 mar (EFE).- El presidente de México, Felipe Calderón, presentó hoy dos iniciativas de ley que buscan "castigar no sólo a quien se deja corromper, sino también a quien corrompe", así como otorgar facilidades y recompensas económicas para quienes denuncien actos de corrupción en el país.
El gobernante indicó, en un acto en el que presentó los proyectos de ley que serán enviados al Congreso, que "la profundidad con la que ha penetrado la corrupción" en México es un problema que se debe "abordar frontalmente y superarlo".
Con la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas y la reforma a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, las autoridades van a "sancionar severamente no sólo a quien recibe un acto o una dádiva para corromperse, sino a quienes pretenden corromper a las autoridades para obtener beneficios", explicó.
Tradicionalmente las normas mexicanas han sancionado a las autoridades que cometen actos de corrupción y no tanto a las empresas que a veces los motivan.
Según la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), en promedio los montos de la corrupción en territorio mexicano equivalen a entre siete y nueve puntos porcentuales del Producto Interior Bruto (PIB) de México.
Calderón indicó que, con las iniciativas de ley, una empresa o un particular que gane un contrato "de manera irregular" podrá recibir una multa de hasta el 30% del valor de ese contrato y las personas involucradas podrán quedar impedidas para participar en contrataciones públicas por un periodo de hasta ocho años.
De otra parte, el proyecto de ley faculta a los tres poderes (Legislativo, Judicial, Ejecutivo), al Instituto Federal Electoral, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH, defensoría del pueblo) y al Banco de México (central), entre otros, "para sustanciar y resolver las investigaciones, así como para imponer sanciones", dijo el mandatario.
Además, el gobernante señaló que las nuevas normas pretenden "hacer más sencilla y más segura para los ciudadanos la denuncia de actos de corrupción", con procedimientos claros de protección a los denunciantes y "un mecanismo de estímulos económicos y reconocimientos a quienes contribuyan a identificar o a acreditar conductas corruptas", apuntó.
Asimismo, el Ejecutivo pretende "mejorar sustancialmente la supervisión del patrimonio de los servidores públicos", para impedir que "existan incrementos inexplicables" en su capital o activos.
Sin embargo, Calderón reconoció que "falta mucho por hacer" en el tema, y recordó que "los actos de corrupción más reconocidos en México" ocurren al nivel local, como las "mordidas" a los agentes de tránsito o los pagos que se exigen para obtener permisos comerciales, por ejemplo.
En 2010 la Secretaría de la Función Pública denunció en México penalmente a 1.778 personas por posibles actos de corrupción, la mayor cifra en la historia de esa dependencia encargada de perseguir a los corruptos.
La organización Transparencia Mexicana calcula que en uno de cada 10 trámites públicos se produce un acto de corrupción y que anualmente se pagan en el país más de 27.000 millones de pesos (2.231 millones de dólares) en ese tipo de prácticas.
Además, de acuerdo con la Encuesta de Fraude en México, tres de cada cuatro empresas privadas han sufrido un fraude interno.
El gobernante indicó, en un acto en el que presentó los proyectos de ley que serán enviados al Congreso, que "la profundidad con la que ha penetrado la corrupción" en México es un problema que se debe "abordar frontalmente y superarlo".
Con la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas y la reforma a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, las autoridades van a "sancionar severamente no sólo a quien recibe un acto o una dádiva para corromperse, sino a quienes pretenden corromper a las autoridades para obtener beneficios", explicó.
Tradicionalmente las normas mexicanas han sancionado a las autoridades que cometen actos de corrupción y no tanto a las empresas que a veces los motivan.
Según la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), en promedio los montos de la corrupción en territorio mexicano equivalen a entre siete y nueve puntos porcentuales del Producto Interior Bruto (PIB) de México.
Calderón indicó que, con las iniciativas de ley, una empresa o un particular que gane un contrato "de manera irregular" podrá recibir una multa de hasta el 30% del valor de ese contrato y las personas involucradas podrán quedar impedidas para participar en contrataciones públicas por un periodo de hasta ocho años.
De otra parte, el proyecto de ley faculta a los tres poderes (Legislativo, Judicial, Ejecutivo), al Instituto Federal Electoral, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH, defensoría del pueblo) y al Banco de México (central), entre otros, "para sustanciar y resolver las investigaciones, así como para imponer sanciones", dijo el mandatario.
Además, el gobernante señaló que las nuevas normas pretenden "hacer más sencilla y más segura para los ciudadanos la denuncia de actos de corrupción", con procedimientos claros de protección a los denunciantes y "un mecanismo de estímulos económicos y reconocimientos a quienes contribuyan a identificar o a acreditar conductas corruptas", apuntó.
Asimismo, el Ejecutivo pretende "mejorar sustancialmente la supervisión del patrimonio de los servidores públicos", para impedir que "existan incrementos inexplicables" en su capital o activos.
Sin embargo, Calderón reconoció que "falta mucho por hacer" en el tema, y recordó que "los actos de corrupción más reconocidos en México" ocurren al nivel local, como las "mordidas" a los agentes de tránsito o los pagos que se exigen para obtener permisos comerciales, por ejemplo.
En 2010 la Secretaría de la Función Pública denunció en México penalmente a 1.778 personas por posibles actos de corrupción, la mayor cifra en la historia de esa dependencia encargada de perseguir a los corruptos.
La organización Transparencia Mexicana calcula que en uno de cada 10 trámites públicos se produce un acto de corrupción y que anualmente se pagan en el país más de 27.000 millones de pesos (2.231 millones de dólares) en ese tipo de prácticas.
Además, de acuerdo con la Encuesta de Fraude en México, tres de cada cuatro empresas privadas han sufrido un fraude interno.
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